Ada Colau multa con hasta 1,5 millones de euros a tres promotores por no reservar el 30% de VPO

Barcelona sigue poniendo trabas al negocio inmobiliario. El Ayuntamiento de Barcelona ha incautado los tres primeros expedientes sancionadores por incumplimiento de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones. Se trata de tres grandes rehabilitaciones en el distrito del Eixample que han incumplido la normativa tramitando sucesivas licencias de obras en lugar de solicitar la pertinente licencia, una licencia que sólo se habría concedido si la solicitud hubiera previsto la reserva de VPO. Las multas a las que se enfrentan serían de hasta 1,5 millones de euros.

En concreto, uno de los tres expedientes es por una promoción de la calle del Comte Borrell, de 12 viviendas, que debería haber reservado 3 VPO; el segundo, a otra de la calle de los Castillejos, de 15 viviendas, donde deberían haberse previsto 4 VPO; y el tercero, por una promoción de la calle Muntaner, de 13 viviendas, donde debían haberse previsto 3 VPO.

De acuerdo con la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda, incumplir esta reserva a VPO en la promoción de viviendas protegidas las reservas previstas en el planeamiento urbanístico es una infracción muy grave. La misma ley prevé que estas infracciones tengan un importe entre 90.000 y 900.000 euros, que en los tres primeros expedientes que se incautan y de acuerdo con el coste que tiene por la ciudad no disponer de estas viviendas, podría situar las sanciones al alrededor de 400.000 a 600.000 euros. En conjunto, los tres expedientes pueden llegar a sumar 1,5 millones de euros. La sanción se fijará con arreglo a la superficie construida en cada caso.

Además de la sanción económica, la Ley 18/2007 también prevé que en el caso de infracciones muy graves se pueda imponer como sanción accesoria la inhabilitación de los infractores por participar en promociones de vivienda de protección oficial durante un período entre uno y tres años. Dado que toda gran promoción en Barcelona debe incluir la reserva del 30% de VPO, esta sanción accesoria podría suponer a los eventuales infractores la incapacidad de desarrollar cualquier promoción inmobiliaria en la ciudad. Este extremo, así como el importe definitivo de la sanción, se impondrá de forma definitiva al final del proceso administrativo que ahora comienza, después de que la parte infractora pueda presentar las alegaciones que considere pertinentes.

Diecisiete incumplimientos detectados y primeras rectificaciones

Los tres expedientes sancionadores son los primeros de una tanda de diecisiete incumplimientos detectados por los equipos de inspección municipales, que en total significan 70 viviendas de protección oficial no aportadas a la ciudad. En otros dos casos de los diecisiete incumplimientos detectados, la inspección y advertencia municipal ha supuesto que se haya iniciado por parte de los promotores la tramitación de la licencia de gran rehabilitación y el ofrecimiento de las viviendas en régimen de protección oficial correspondientes. Se trata de cinco viviendas protegidas en total recuperadas, en promociones situadas en el distrito del Eixample, en las calles del Consell de Cent y de Lepant.

El resto, una vez analizados y estudiados por la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, derivarán en su caso en nuevos expedientes sancionadores enmarcados en la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento de Barcelona explora todas las herramientas a su alcance, incluida la vía sancionadora, a fin de corresponsabilizar al sector privado de manera efectiva tal y como prevé la norma y que contribuya a ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad. Además, el Ayuntamiento ya ha realizado la compra de los ocho primeros VPO que han salido de la medida, ejerciendo el derecho de adquisición preferente, para destinarlos a alquiler público cuando estén terminados.

Por último, el Gobierno municipal hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los promotores y técnicos privados para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente e implicarlos en el retorno social de la construcción de vivienda. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de inspección creado para detectar irregularidades, que permite activar alertas automáticas si se concentran distintos comunicados en un mismo edificio. Si esto ocurre, se incoa de forma automática un expediente disciplinario de obras para que los inspectores puedan verificar el cumplimiento de la normativa antes de que las obras finalicen y evitar así irregularidades.